BOPV nº 243 · 2020-12-04 · Gobernanza Pública y Autogobierno
ORDEN de 1 de diciembre de 2020, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi para los años 2021, 2022 y 2023.
Tras la aprobación en marzo de 2016 de la nueva Agenda Digital de Euskadi 2020 (AD@2020), las instituciones vascas hemos realizado una apuesta clara por la mejora de la conectividad de las personas que residen y de las empresas ubicadas en cualquier unidad de población, independientemente de cuál sea su número de habitantes y dimensión. La AD@2020 se ha formulado atendiendo a cuatro ejes de actuación que giran en torno a las empresas que trabajan en un mercado globalizado; la construcción de una sociedad competente y activa; la puesta a punto de Administraciones que se desenvuelven en un entorno digital, y lograr un territorio inteligente y cohesionado. Para alcanzar estos objetivos en las mejores condiciones posibles, la colaboración interinstitucional e interdepartamental es indispensable, y la AD@2020 despliega más de 60 iniciativas con una necesidad común, como es la mejora de la conectividad de los centros públicos, las empresas, y los hogares que permita consolidar a Euskadi como un «territorio inteligente». Entre las líneas estratégicas que contribuyen a la mejora de la economía e industria vascas se encuentra la extensión de banda ancha ultrarrápida en unidades de población de Euskadi, objeto de esta orden (convocatorias 2017, 2018, 2019 y 2020). El hecho de habilitar banda ancha en el conjunto de los edificios públicos de Euskadi, así como en gran número de polígonos industriales y de unidades de población, gracias a las actuaciones de 2016, 2017 ,2018, 2019 y 2020 posibilitará la posterior extensión de la banda ancha a los hogares particulares del resto de unidades en los que se ha identificado un déficit en la disponibilidad de estos servicios, ya que se facilita la tarea de las operadoras de telecomunicaciones y abarata sus costes de despliegue. Esta consecuencia se hace especialmente relevante en el caso de las unidades de zonas rurales donde habitualmente las operadoras optan por no intervenir, produciéndose una mayor brecha en la conectividad entre las personas de municipios menos poblados con respecto a localidades donde se concentra mayor población. Este esfuerzo se debe seguir redoblando, motivado por la creciente utilización de tecnologías de nueva generación, así como por la necesidad de desplegarse en zonas de concentración empresarial y en zonas de menor demanda, como las zonas rurales o de difícil acceso y, aunque la realidad no sea comparativamente negativa, el contexto fuerza a nuevas soluciones y a nuevas ambiciones. En esta línea, la Comisión Europea (CE) planteó unos objetivos dentro de la denominada «Agenda Digital de Europa» para el horizonte 2020, en la que se establece: Alcanzar en 2020 la universalización de la banda ancha de nueva generación (al menos 30 Mbps) a la totalidad de la población. Lograr que en 2020 el 50 % de la población disponga de servicios «contratados» de Banda Ancha Ultrarrápida de velocidades superiores a 100 Mbps. De hecho, la Comisión Europea ha establecido las bases de lo que ha llamado «Con