BOPV nº 131 · 2020-07-06 · Trabajo y Justicia
ORDEN de 23 de junio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La pandemia declarada a nivel mundial y su negativa incidencia en la actividad económica global muestra sus perniciosas consecuencias con especial virulencia en las empresas locales y en las de menor tamaño, lo cual obliga a los poderes públicos a tomar medidas para paliar los efectos de las mismas. En el ámbito de la CAPV y respecto de las sociedades cooperativas, el artículo 156.1 de la reciente Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, obliga a los poderes públicos a asumir como funciones de interés social, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades cooperativas, con carácter general; y, según el artículo 157.2.j), con carácter especial, el establecimiento de medidas de asesoramiento, acompañamiento y apoyo a la viabilidad, en procesos de crisis empresarial. Estas funciones han de ampliarse a todo el espectro de la economía social, al defender los mismos valores, principios democráticos y de centralidad de las personas en las propias empresas, tal como reconoce y ampara la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. En el ámbito económico-financiero propio de las entidades de economía social el balance de situación de las sociedades y el equilibrio financiero ordinario de las mismas se ha visto directamente afectado con reducciones de facturación que pueden llegar a poner en riesgo la continuidad y supervivencia de dichas entidades. El Gobierno Vasco recoge entre sus objetivos prioritarios el fomento de la economía social en su conjunto, no solo en fase de creación de nuevo empleo en estas sociedades, sino en el fortalecimiento y consolidación de las sociedades ya existentes. En consecuencia, la Dirección de Economía Social ha habilitado a partir de sus recursos propios una dotación económica de 500 mil euros para crear una nueva línea de ayudas que, partiendo de un diagnóstico de viabilidad que apruebe la continuidad de la misma, proponga medidas y actuaciones a corto y medio plazo para asegurar la supervivencia de las entidades. Dicho análisis habrá de ser realizado por empresas con acreditada experiencia en empresas en situación de crisis. Por otra parte, la Administración pública vasca también está legalmente obligada a acompañar, asesorar y apoyar proyectos de economía social inmersos en procesos de crisis empresarial En consecuencia, al paquete habitual de líneas que conforman la presente Orden se le ha agregado una ayuda para el asesoramiento de empresas que estando en situación de insolvencia puedan realizar un último esfuerzo por agotar las posibilidades que les ofrece la legislación en vigor hacia la renegociación de las deudas o el establecimiento de acuerdos previos. En este sentido, el Gobierno aprobó el 28 de abril el Real Decreto-ley, 16/2020, de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras el COVID-19, en el cual se recoge expresamente que las empresas que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de