BOPV nº 45 · 2020-03-05 · Gobernanza Pública y Autogobierno
ORDEN de 25 de febrero de 2020, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi, para los años 2020-2021-2022.
Tras la aprobación en marzo de 2016 de la nueva Agenda Digital de Euskadi 2020 (AD@2020), las instituciones vascas hemos realizado una apuesta clara por la mejora de la conectividad de las personas que residen y de las empresas ubicadas en cualquier unidad de población, independientemente de cuál sea su número de habitantes y dimensión. La AD@2020 se ha formulado atendiendo a cuatro ejes de actuación que giran en torno a las empresas que trabajan en un mercado globalizado; la construcción de una sociedad competente y activa; la puesta a punto de Administraciones que se desenvuelven en un entorno digital, y lograr un territorio inteligente y cohesionado. Para alcanzar estos objetivos en las mejores condiciones posibles, la colaboración interinstitucional e interdepartamental es indispensable, y la AD@2020 despliega más de 60 iniciativas con una necesidad común, como es la mejora de la conectividad de los centros públicos, las empresas, y los hogares que permita consolidar a Euskadi como un «territorio inteligente». En esta línea de mejora de la conectividad, el Gobierno Vasco está desarrollando varias actuaciones estratégicas que contribuyen a la mejora competitiva de la economía y de la industria vasca, así como en la igualdad de oportunidades en el acceso a la conectividad por parte de personas que residen en unidades más o menos poblados. Estas iniciativas son: La extensión de fibra óptica a 1.700 edificios públicos de Euskadi, La extensión de banda ancha ultrarrápida al conjunto de áreas industriales (convocatorias 2016, 2017 y 2018) y La extensión de banda ancha ultrarrápida en unidades de población de Euskadi, objeto de esta orden (convocatorias 2017 y 2018). El hecho de habilitar banda ancha en el conjunto de los edificios públicos de Euskadi, así como en gran número de polígonos industriales y de unidades de población, gracias a las actuaciones de 2016, 2017 y 2018, posibilitará la posterior extensión de la banda ancha a los hogares particulares del resto de unidades en los que se ha identificado un déficit en la disponibilidad de estos servicios, ya que se facilita la tarea de las operadoras de telecomunicaciones y abarata sus costes de despliegue. Esta consecuencia se hace especialmente relevante en el caso de las unidades de zonas rurales donde habitualmente las operadoras optan por no intervenir, produciéndose una mayor brecha en la conectividad entre las personas de municipios menos poblados con respecto a localidades donde se concentra mayor población. Este esfuerzo se debe seguir redoblando, motivado por la creciente utilización de tecnologías de nueva generación, así como por la necesidad de desplegarse en zonas de concentración empresarial y en zonas de menor demanda, como las zonas rurales o de difícil acceso y, aunque la realidad no sea comparativamente negativa, el contexto fuerza a nuevas soluciones y a nuevas ambiciones. En esta línea, la Comisión Europea (CE) planteó unos objetivos dentro de la denominada «Agenda Digital de