BOPV nº 64 · · Justicia y Administración Pública
ORDEN de 7 de marzo de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica y se establecen las bases reguladoras de las mismas.
Los poderes públicos tienen que velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica como patrimonio colectivo que testimonia la lucha por las libertades y los derechos democráticos. Con esta finalidad, se tienen que adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y rehabilitación de las personas que padecieron las injusticias y agravios producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista: quienes lucharon por la defensa de los valores democráticos y perdieron la vida en la contienda; también quienes perdieron su libertad o, en fin, quienes sufrieron la injusticia que supuso el exilio de muchos en este período histórico. Por recuperación de la memoria histórica se entiende, por tanto, la necesidad de conocer los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y en la Dictadura franquista posterior, dirigida fundamentalmente a establecer un marco adecuado para el reconocimiento público y rehabilitación moral de quienes fueron perseguidos y sufrieron injustas sanciones y condenas, impuestas por motivos políticos, ideológicos o de índole religiosa, en aquel período tan doloroso de nuestra historia. En este contexto, es voluntad del Departamento de Justicia y Administración Pública, a través de la Dirección de Derechos Humanos, llevar a cabo una política pública de recuperación y conservación de la memoria histórica y, por tanto, impulsar sus valores y principios democráticos, en los cuales se basa la convivencia de la sociedad actual. El objetivo principal, honrar y recuperar para siempre a todas las víctimas de la Guerra Civil y a las personas que hicieron frente a la represión política, social, cultural del régimen dictatorial que la sucedió. Con ellos, a sus familias. Consiguientemente, estas bases reguladoras de las subvenciones para diversos programas conmemorativas, de investigación, de difusión y formación, se sitúan en el marco legal de fomento de las políticas públicas de memoria democrática antifranquista que recogen los valores que se desprenden de aquella lucha. Al hilo de estas bases, la labor de recuperación de la memoria histórica puede ser concebida como la conmemoración de la lucha por las libertades y la democracia, como una oportunidad de investigar la historia y, en fin, también como una vía para educar y difundir entre las generaciones presentes y futuras el respeto por los derechos humanos y el conocimiento de los cimientos del sistema de libertades de que disfruta la sociedad actual. En definitiva, la presente Orden quiere contribuir al reconocimiento de todos los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la Guerra Civil o de la dictadura franquista. La defensa de la labor de la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de valores como la igualdad, la justicia, la reconciliación y la convivencia democrática, avalan dicho reconocimiento. […] El texto completo sigue en la publicación oficial.